Matanza de Atocha de 1977

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La matanza de Atocha de 1977 fue un atentado terrorista tardofranquista de extrema derecha cometido en España la noche del 24 de enero de 1977. El autodenominado "comando Roberto Hugo Sosa" de la Alianza Apostólica Anticomunista penetró en un despacho de abogados laboralistas vinculados con Comisiones Obreras y el PCE sito en en el nº 55 de la calle de Atocha de Madrid, abriendo fuego contra los allí presentes.

A consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de Derecho Serafín Holgado de Antonio; y el administrativo Angel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huertas, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz (viuda de Sauquillo), que estaba embarazada y perdió también a su bebé.

En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas de izquierda, una a manos de la misma AAA y la otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación de protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que desestabilizase la transición. Sin embargo, el PCE llamó a sus militantes a la calma y el entierro, al que asistieron más de cien mil personas, transcurrió sin incidentes. Al entierro le siguen importantes huelgas pacíficas en toda España. Esta moderación demostrada contribuyó en buena medida a la legalización del partido, tres meses después.

Los terroristas, al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, cabecilla del Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras en Madrid, convocante de unas huelgas precedentes que en buena medida desarticularon a la "mafia franquista del transporte". Al no encontrarle decidieron matar a los presentes, todos ellos desarmados. En la misma noche personas desconocidas asaltaron también un despacho de UGT, que se hallaba vacío.

Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid. Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos, de tal modo que los españoles de izquierdas confiaran en el proceso de Transición. En pocos días, la policía detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera -secretario del sindicato vertical del transporte, estrechamente vinculado con la "mafia del transporte"- como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca por suministrar las armas y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. No obstante, todo el mundo quedó con la duda de si no habría alguien más arriba. La fuga de Lerdo de Tejada antes del juicio, durante un extraño permiso penitenciario, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. La mayoría de los criminales estaban próximos a Fuerza Nueva y otras organizaciones legales de extrema derecha.

García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí permanece en prisión y requerido por las autoridades españolas. Fernández Cerrá fue puesto en libertad tras 15 años en la cárcel y al parecer entró a trabajar en una empresa de seguridad. Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: «Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban.Con esto no quiero decir nada».

El 11 de enero de 2002, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los tres abogados y el estudiante fallecidos, mientras que a Ángel Rodríguez Leal, en tanto que administrativo, se le otorgó la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Esta condecoración es la más alta distinción con la que se reconoce en el ámbito de la Justicia española a quienes han destacado a lo largo de su vida por sus méritos profesionales y humanos al servicio del Derecho.

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